La investigación por la muerte de 5 jóvenes en Tayacaja, Huancavelica, avanza entre denuncias de los familiares, cuestionamientos a la intervención militar y reclamos por mayor transparencia. Mientras el Ministerio Público decidió dejar en libertad a 8 militares y 3 civiles investigados, los deudos sostienen que siguen apareciendo vacíos graves en el caso.
La decisión fiscal se tomó tras cumplirse las 48 horas de detención preliminar estipuladas por la ley. Aunque la investigación continúa, las familias consideran que la liberación de los implicados sin una explicación clara profundiza la desconfianza. En una zona donde el acceso a la justicia suele ser más lento y desigual, la falta de información alimenta el dolor y la incertidumbre.
Los allegados de las víctimas aseguran que los jóvenes no iban a una actividad ilegal, sino a un campeonato de fútbol de la Copa Perú. Esa versión difiere de la primera hipótesis oficial, que vinculó a los fallecidos con un operativo contra el narcotráfico. La distancia entre ambas narraciones ha convertido el caso en una disputa dolorosa por la verdad.
¿Qué ocurrió en Tayacaja?
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja investiga a 8 militares y 3 civiles por presunto homicidio calificado. El caso se originó tras una intervención en la que murieron 5 jóvenes y 2 quedaron heridos. Desde entonces, la principal exigencia de las familias es que se esclarezca con rigor qué pasó esa madrugada.
Según la versión recogida por los deudos, las víctimas viajaban en una camioneta rumbo a una actividad deportiva. No llevaban armas y no representaban una amenaza. Sin embargo, en la escena se produjo un ataque armado que terminó con muertes y con una investigación todavía inconclusa.
La controversia ha golpeado a las comunidades campesinas de Huancavelica. Allí, donde muchas familias viven del trabajo diario y del esfuerzo comunitario, la muerte de jóvenes de la zona se ha convertido en una herida dolorosa. Para los familiares, no se trata solo de un expediente fiscal, sino de vidas truncadas.
¿Qué revelan los testimonios?
El joven sobreviviente Ricardo Acuña Quispe, declaró inicialmente que fue contratado para cargar droga junto a unas 50 personas. Dijo que transportó 13 kilos en una mochila y que recibió 1.300 soles por el traslado. También relató que vio a 2 hombres armados y que, al aparecer la patrulla, el vehículo aceleró y se produjeron los disparos.
Sin embargo, el caso dio un giro cuando Acuña se retractó públicamente de estas afirmaciones. Según reveló en un reciente testimonio difundido por diferentes medios, su declaración inicial fue dada bajo presión. Afirmó que los militares lo amenazaron con armas y le exigieron mentir para justificar el ataque. “Me presionaron para mentir”, dijo, y negó tajantemente haber transportado drogas o armas.
La defensa de las víctimas subraya que ese primer testimonio se obtuvo sin presencia de un abogado y en un contexto intimidatorio. También sostienen que el testimonio sería un invento para encubrir una intervención militar completamente ilegal.
¿Cuál es la versión oficial?
La primera versión policial señaló que se trataba de un operativo en una zona vinculada al narcotráfico. También se informó que una de las personas fallecidas era de nacionalidad colombiana y tenía antecedentes internacionales por tráfico de armas. Esa información fue presentada como parte de la hipótesis de una intervención contra una red delictiva.
La defensa de las familias señala, sin embargo, que no se hallaron armas ni drogas en la camioneta. También recuerda que varios testigos aseguran que las víctimas iban a un encuentro deportivo y no a una actividad ilícita.
¿Qué cuestionan los familiares?
El abogado de los deudos, Anthony Crespo, afirmó que la defensa se enteró de la liberación de los militares de manera extraoficial. También señaló que no fueron notificados oportunamente, lo que considera una irregularidad. Ese punto ha generado molestia entre las familias, que sienten que su voz no está siendo tomada en cuenta con la debida seriedad.
Además, la defensa sostiene que aún faltan diligencias esenciales. Entre ellas figuran la homologación de armas, el análisis de casquillos y la inspección técnica del vehículo intervenido. Sin esas pericias, afirman, no es posible establecer con claridad si existió un uso legítimo o excesivo de la fuerza.
Los familiares también cuestionan que, hasta ahora, no se haya presentado una reconstrucción clara de los hechos. Insisten en que las víctimas eran jóvenes trabajadores de la zona. Uno de ellos sostenía económicamente a sus padres, según la versión recogida.
¿Por qué este caso amenaza los derechos humanos?
El debido proceso exige que ninguna actuación del Estado vulnere los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La Defensoría del Pueblo advierte constantemente que la protección de la vida humana debe primar siempre. La lucha frontal contra el narcotráfico jamás justifica ejecuciones extrajudiciales.
Diferentes medios han documentado el uso excesivo de la fuerza en varios conflictos sociales de nuestro país. La legislación internacional exige firmemente que todos los operativos militares respeten el principio de proporcionalidad. Disparar indiscriminadamente contra un vehículo viola los protocolos básicos de intervención estatal.
En el Perú, además, el caso profundiza la histórica desconfianza entre las comunidades campesinas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro y las autoridades nacionales. Si la información llega tarde o incompleta, la sospecha crece y la legitimidad de la respuesta estatal se debilita.
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