Una red de reclutamiento habría llevado a decenas de peruanos hasta la guerra entre Rusia y Ucrania con falsas promesas de empleo. El caso ya deja, según denuncias de familiares y su abogado, 8 compatriotas muertos y al menos 5 heridos.
La historia ha encendido las alarmas en Lima y en varias regiones del país. Al menos 120 familias reportan desapariciones, pérdidas de contacto o muertes tras aceptar supuestos trabajos bien remunerados en territorio ruso. El patrón, según los testimonios, repite una misma fórmula: anuncios llamativos, traslado rápido y contratos que no podían entender.
Los reportes señalan que las ofertas circulaban en redes sociales como Instagram y TikTok. Prometían sueldos altos, bonos de ingreso de hasta 20.000 dólares y facilidades migratorias, incluso la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa. Sin embargo, en la práctica, el destino habría sido otro.
¿Cómo opera el engaño?
De acuerdo con los testimonios recogidos por el programa dominical Cuarto Poder, los reclutadores ofrecían puestos de cocinero, vigilante o personal de seguridad. La promesa parecía confiable y segura. Sin embargo, al llegar a Rusia, los viajeros habrían sido llevados a centros de adoctrinamiento y luego enviados al frente de combate.
El abogado Percy Salinas, representante de los familiares, dijo a RPP Noticias que la captación se habría hecho mediante intermediarios en Perú, Colombia y México. Según su versión, los reclutadores pedían solo el pasaporte y luego hacían firmar documentos en ruso, idioma que los afectados no dominaban.
Una vez en el destino, los empleadores les habrían retenido el pasaporte, el celular y el documento de identidad. También les habrían dicho que ya debían 20.000 dólares por los gastos del viaje. Ese mecanismo, según los familiares, anulaba cualquier posibilidad de retorno voluntario.
¿Qué tan grave es la situación?
El caso ya tiene cifras dramáticas. Salinas afirmó que 8 peruanos murieron y que sus cuerpos permanecen en morgues rusas. Las familias tendrían un plazo de 6 meses para repatriarlos, antes de que los restos sean enviados a fosas comunes o incinerados.
Además, hay 5 ciudadanos peruanos heridos en hospitales tras ataques con drones contra sus campamentos. Entre las lesiones reportadas figuran fracturas en extremidades y clavículas. También se ha informado sobre peruanos que lograron refugiarse en la embajada del Perú en Rusia, aunque luego habrían sido retirados del lugar.
La incertidumbre domina a las familias. Algunas no reciben noticias desde hace semanas. Una madre contó a Cuarto Poder que no sabe si su hijo está vivo o muerto. Esa ausencia de información complica cualquier búsqueda y eleva el riesgo de revictimización.
¿Qué ha hecho el Estado peruano?
Las familias han acudido al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Según los testimonios, recibieron la promesa de una nota diplomática y de la gestión de salvoconductos para quienes logren salir de la zona de riesgo. Sin embargo, la embajada peruana en Moscú está a más de 1.200 kilómetros del frente de combate y no habría podido concretar un apoyo efectivo.
El director de la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo, informó que se vienen conversaciones con el agregado comercial ruso en Lima. El objetivo sería frenar la captación de más combatientes. Aun así, las familias consideran que la respuesta sigue siendo lenta frente a una red que cambia de nombre con frecuencia.
La denuncia también ha llegado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal por presunta trata de personas. Los familiares aseguran que presentaron videos, chats y amenazas recibidas cuando intentaron alertar a las autoridades. En algunos casos, incluso aparecieron mensajes intimidatorios al día siguiente de la denuncia.
¿Qué riesgos revela este caso?
El caso expone un problema más amplio. No se trata solo de engaño laboral. También apunta a una posible trata de personas, dada la retención de documentos, coacción y exposición forzada a un conflicto armado. En términos humanitarios, esto ha dejado a los afectados sin protección real, y a sus familias sin rutas claras de respuesta.
La experiencia muestra, además, la fragilidad de muchas propuestas de empleo internacional. Cuando una oferta promete sueldos altos sin contratos claros, idioma comprensible o respaldo institucional, el riesgo aumenta de forma marcada. En especial, cuando el destino es una zona de guerra reconocida por organismos internacionales.
En este caso, la urgencia es doble. Primero, es necesario ubicar a los peruanos desaparecidos. Segundo, se debe evitar que más personas sean captadas por la misma red. La denuncia de las familias busca precisamente eso: visibilizar un circuito de engaño que, según sostienen, sigue operando con impunidad.
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